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5 octubre , 2022

MINEM elude su responsabilidad, acogiéndose a la sentencia del TC que niega la consulta previa como derecho fundamental

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El pasado 01 de junio las comunidades campesinas aimaras de Chila Chambilla y Chila Pucara manifestaron que ingresarían en un paro indefinido ante el incumplimiento de acuerdos del MINEM que contemplaban la emisión de un informe técnico sobre la situación de las concesiones mineras CHILACHAMBILLA 1 y CHILACHAMBILLA 2 respecto de la solicitud de nulidad presentada por ambas comunidades. Asimismo, el MINEM se comprometió en presentar el informe técnico de forma presencial en el territorio de ambas comunidades campesinas en Puno la tercera semana de mayo.

Sin embargo, según el informe N° 655-2022-MINEM-DGM de fecha 15 de julio del 2022, el MINEM solo emite una respuesta legal pero no de justicia ni de reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas, en especial el reconocimiento del derecho a la tierra y territorio. Los argumentos principales se basan en:

  1. La sentencia de primera y segunda instancia y lo resuelto por el TC. Cuando dicen que: el pedido de nulidad por falta de consulta previa de las concesiones mineras ha sido objeto de pronunciamiento definitivo”, por las instancias del Poder Judicial.
  2. Se amparan en el artículo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por D.S. N° 017-93-JUS, que prevé el carácter vinculante de las decisiones judiciales, estableciendo que toda persona y autoridad está obligado a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales.
  3. Pero, en especial cuando dicen “No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejercicio, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso”

Por lo anterior, el informe es claro en tanto se reconoce que los funcionarios del MINEM no podrán (ni quieren) modificar el contenido de la sentencia del TC que niega el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas y nativos y además manifiesta que la consulta previa no es un derecho fundamental y el Convenio N° 169 de la OIT no tiene rango constitucional. Por ello, es imperante que las comunidades campesinas y nativas del país continúen analizando, dialogando, analizando y proponiendo una nueva constitución que reconozca y respete sus derechos.

La historia demuestra que la elección de presidentes y congresistas fue cooptada por grupos de poder durante años, quienes con apoyo de su mayoría parlamentaria generan leyes a su media, sus intereses económicos y políticos.

Por lo anterior, desde Derechos Humanos y Medio Ambiente reafirmamos nuestro compromiso en la defensa y protección de los derechos humanos y los derechos de la Madre Tierra. Por ello, junto a las comunidades campesinas aimaras de Chila Chambilla y Chila Pucara recurriremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que la consulta previa sea reconocida como un derecho fundamental y se reconozca la importancia y rango del Convenio N° 169 de la OIT.

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