Casos: Aimarazo I y II

En el contexto actual de extractivismo y contaminación ambiental relacionada que se vive en Puno y en todo el Perú, generalmente se ignora la existencia de los pueblos indígenas y sus derechos. Derechos tales como: vida, salud, dignidad, identidad cultural e histórica, territorio ancestral, autodeterminación especialmente en cuanto a modelos de desarrollo, agua, justicia comunal, consulta previa y consentimiento, etc.- y los derechos de la Pachamama (Madre Tierra) no se toman en consideración.

 

 

Como resultado, los conflictos socioambientales se generan permanentemente. En estas situaciones, la experiencia vivida demuestra que el Estado no cuenta con voluntad política, mecanismos ni prácticas noviolentas adecuadas para la prevención y resolución de conflictos.

 

 

Los pueblos indígenas, al no encontrar sus derechos protegidos y no tener sus inquietudes y demandas escuchadas y debidamente atendidas, se ven obligados a utilizar, como último recurso, el derecho a la protesta social, a la libertad de expresión y a la libertad de reunión.

 

 

En Puno, el territorio, la contaminación del agua, contaminación ambiental y afectación a la salud, son preocupaciones importantes. Las comunidades aimaras y quechuas, cuando experimentan la imposición de modelos extractivos, la contaminación ambiental o el peligro de contaminarse, muchas veces encuentran necesario ejercer su derecho a la protesta social.

 

 

El Estado suele enfrentar la protesta social con actos de represión, incluido el uso excesivo de la fuerza por parte de policías y militares que tienen órdenes de utilizar sus armas. Esto muchas veces resulta en muertes, heridos, arrestos arbitrarios, detenciones e incluso apertura de procesos penales contra los defensores indígenas que cuestionan u oponen proyectos extractivos o exigen atención a sus justas demandas de protección y/o remediación ambiental, especialmente de agua. Estos actos de persecución se denominan criminalización de la protesta social.

 

DHUMA acompaña dos procesos que involucran a comunidades campesinas durante el 2021.

 

Aimarazo I

Antecedentes: Presentado el 2011 mediante expediente N° 00682-2011-PE.

Los Casos "Aimarazo I y II" se refieren al conflicto socioambiental ocurrido durante el primer semestre de 2011 que culminó con una huelga de dos meses en defensa del territorio y los recursos naturales, especialmente el agua de los pueblos indígenas aimaras de la parte Sur de la Región Puno. La protesta social se debió a la falta de transparencia, información y consulta previa, y la presencia no deseada del proyecto minero "Santa Ana" de la canadiense "Bear Creek Mining Corporation". Este conflicto terminó cuando el gobierno peruano rescindió el permiso de operación de la mina. Sin embargo, 19 voceros indígenas y autoridades comunitarias (18 aimaras y 1 quechua) fueron procesados ??penalmente en el marco de la política de criminalización de la protesta social aplicada por el Gobierno.

 

A través de estos casos emblemáticos, sostenemos la esperanza de establecer que se debe respetar el derecho a la consulta previa, y que el derecho a la protesta pacífica es un medio válido para que las legítimas demandas políticas y sociales sean escuchadas y atendidas por el Gobierno, y por lo tanto deben ser reconocidas como tal y no ser criminalizados.

 

 

Habiéndose concluido todas las instancias judiciales en el ámbito nacional, en mayo del 2021, conjuntamente con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se presentó una petición ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), a fin de que la sentencia penal que pesa en contra del exvocero aimara Walter Aduviri quede sin efecto.

 

2011 – 2017

• El Ministerio Público solicitó hasta 27 años de prisión para los 19 imputados y el pago de una reparación civil de siete millones de soles a favor del Estado.
• Los imputados basaron su defensa en su derecho a la protesta social, el derecho de reunión pacífica y sin armas, los derechos a la libertad de expresión y libertad de petición en defensa del territorio y los recursos naturales en las comunidades indígenas aymaras del sur de Puno, así como el derecho a vivir en un entorno seguro y equilibrado y el derecho a ser consultado.
• DHUMA asumió la defensa directa del vocero Gilver Chura Yupanqui y acompañó a todos los imputados durante todo el proceso.
• La sentencia fue dictada el 7 de diciembre de 2017 absolviendo a todos los imputados excepto uno. Walter Aduviri fue sentenciado a 7 años de prisión y al pago de dos millones de soles en moneda nacional, equivalente a aproximadamente $ 625,000.00 (dólares estadounidenses). Tras perder la apelación, se emitió una orden de arresto.

 

 

2018

• Durante 2018, el caso “Aymarazo I” se encontraba en proceso de casación en la Corte Suprema de Justicia del Perú en Lima. DHUMA continuó en constante seguimiento y coordinación con diversas organizaciones socias para ubicar este caso en las agendas nacionales e internacionales, obtener una resolución favorable para el defensor de derechos humanos Walter Aduviri y evitar criminalizar la protesta social. Luego de realizar continuas acciones de incidencia y coordinarse con organismos clave a nivel regional, nacional e internacional, la decisión de la Corte Suprema, dictada el 5 de octubre de 2018, fue ordenar un nuevo juicio por defectos procesales, devolviendo así el caso al Juzgado de origen y levantar la orden de detención de Walter Aduviri. Esta decisión permitió a Walter Aduviri salir de la clandestinidad para asumir el cargo de Gobernador Regional de Puno (máxima autoridad electa en la Región Puno) a partir del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022 para el cual fue electo el 7 de octubre de 2018.

 

 

2019

• El nuevo juicio inició en Puno el 22 de abril de 2019 con Walter Aduviri como único imputado. Walter Aduviri, Gobernador de la Región Puno, fue sentenciado a 6 años de prisión y al pago de 2 millones de soles de reparación civil a favor del Estado peruano, el cual fue ratificado en segunda instancia, el 20 de diciembre de 2019. Walter Aduviri se encontraba recluido en la prisión de Yanamayo, cumpliendo su condena. Fue suspendido como gobernador de Puno.

 

2020

• Para obtener su libertad, Walter Aduviri recurrió mediante casación ante la Corte Suprema de Justicia de Lima. Este tribunal resolvió disminuir la pena de 6 años de pena privativa de la libertad a 4 años de pena suspendida, ordenándose su liberación. Esta decisión se basó en la aplicación del Convenio N° 169 de la OIT el cual dicta que se debe preferir medidas alternativas al encarcelamiento cuando se trate de personas identificadas como indígenas, como es el caso de Walter Aduviri. El pago de la reparación civil de 2 millones de soles se mantiene y si no cumple en pagarla en el plazo de 3 años, retornaría a prisión.
• Esta sentencia sienta un precedente negativo para las comunidades indígenas y en particular para los voceros, líderes, autoridades y defensores de los derechos de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra (Pachamama), especialmente el agua, en todo el Perú.
• Luego de obtenida la libertad de Walter Aduviri, DHUMA apoyó la iniciativa de las autoridades originarias de la zona sur en la presentación de la solicitud, ante el Consejo Regional, para que Aduviri vuelva a asumir el cargo de Gobernador Regional. Actualmente, este pedido fue aprobado por el Consejo Regional y remitido al Jurado Nacional Especial de Elecciones para su ratificación.

 

2021

• En mayo del 2021, juntamente con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), a fin de que la sentencia penal que pesa en contra del exvocero aimara Walter Aduviri quede sin efecto.

 

2022

• Esperamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, admita nuestra petición en favor del injustamente sentenciado vocero del Aymarazo Walter Aduviri quien tiene una sentencia penal que ordena el pago de una reparación civil de dos millones de soles a favor del Estado peruano.

 

 

Aimarazo II

Iniciado en 2011 en el Juzgado de Desaguadero mediante expediente N° 00121-2019-PE. Este caso se considera parte de la misma protesta social de las comunidades aimaras que ocurrió durante el 2011 en la cual los habitantes de la zona sur de la Región Puno expresaron su rechazo a la empresa canadiense Bear Creek Mining Company. Claramente este es territorio de comunidades indígenas aimaras. La mina estaba lista para iniciar actividades de explotación en cabecera de cuenca de este territorio fronterizo. Luego de no ser tomado en consideración, se formó una Alianza para la Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno para dar a conocer las preocupaciones del pueblo aimara.

 

 

Cinco (05) defensores aimaras (incluido Walter Aduviri que actualmente lucha por asumir nuevamente el cargo de gobernador regional, ver Aymarazo I) fueron denunciados penalmente en el juzgado de Desaguadero, provincia de Chucuito – Juli, por ejercer su derecho a protestar. Este caso se conoce como Aymarazo II, mientras que el aymarazo I se llevó en la provincia de Puno.

 

En el primer proceso judicial del Aymarazo II, DHUMA asumió la codefensa, junto con la CNDDHH y Earth Rights International - ERI, de Walter Aduviri. Los cinco voceros fueron absueltos. Sin embargo, ante la apelación del representante del Ministerio Público, la fiscalía, el tribunal superior decidió anular la sentencia y dictaminó que el caso se devolviera al tribunal original en Desaguadero para un nuevo juicio.

 

 

En el proceso judicial del Aimarazo II, DHUMA continuamos con la defensa legal de Patricio Illacutipa Illacutipa, lográndose su absolución en primera instancia, junto con los otros cuatro exvoceros. Sin embargo, ante la apelación del representante del Ministerio Público, la fiscalía, a fin de que la Sala Penal revoque la sentencia apelada y se sancione a los líderes aimaras.

 

 

En el 2021, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos junto a DHUMA, acompañamos en la defensa de los Casos Aimarazo I y II, y apoyamos a los defensores indígenas de derechos humanos involucrados en ambos casos. Actualmente la causa se encuentra en estudio ante la Corte Suprema de Justicia de Lima, quien viene evaluando el cambio de competencia para que la causa deje de verse en la Corte Superior de Justicia de Puno, y se resuelva en ante una Sala Penal imparcial. Esta solicitud se dio a partir del pedido de la defensa técnica de los acusados.

 

2019

• DHUMA asumió la defensa del vocero Patricio Illacutipa y continuó acompañando a todos los defensores procesados. El nuevo juicio oral comenzó el 9 de abril del 2020. En riesgo está la posible sentencia de 4 voceros aymaras más y una sentencia más severa para Water Aduviri (aumento tanto de la pena de cárcel como del monto de la reparación civil)
• La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos - CNDDHH junto a DHUMA, acompañamos en la defensa de los Casos Aymarazo I y II, y apoyamos a los defensores indígenas de derechos humanos involucrados en ambos casos. DHUMA agradece a la secretaria adjunta del 2019, Ana María Vidal Carrasco, por su apoyo a nuestro Equipo DHUMA y todas nuestras actividades legales y educativas.

 

???????2020

• Actualmente, DHUMA continúa asumiendo la defensa del defensor aymara Patricio Illacutipa, quien tenía programado el inicio del nuevo juicio oral para el 3 de enero del 2021, al cual no asistieron porque el juzgado no cumplió con notificar correctamente a los acusados. Por ello, esperamos que el juzgado reprograme nueva fecha para esa diligencia.

 

2021

• La causa se encuentra en estudio ante la Corte Suprema de Justicia de Lima, quien viene evaluando el cambio de competencia para que la causa deje de verse en la Corte Superior de Justicia de Puno, y se resuelva en ante una Sala Penal imparcial. Esta solicitud se dio a partir del pedido de la defensa técnica de los acusados.

 

2022

En el presente año hemos logrado la Sentencia que absuelve de toda responsabilidad penal y civil en favor de los 05 dirigentes aymaras (Patricio Ilacutipa, Javier Pari Sarmiento, Rufino Machaca, Walter Aduviri Calisaya y Jose Cupi Claro). Sentencia de primera instancia que luego fue confirmada en la Sala Penal Superior de Puno.