Caso: celdas transitorias de residuos sólidos de Huanuyo – Cabanillas
Presentado mediante carpeta fiscal N° 2019-136, en la provincia de San Román la situación del manejo de residuos sólidos es insostenible, ocasionando así que la Municipalidad Provincial de San Román (MPSR) tome medidas de emergencia para atender un problema que pudo solucionarse desde el 2014. Una de estas medidas desesperadas fue la construcción de una celda transitoria de residuos sólidos para realizar la disposición final de residuos sólidos en la zona de Huanuyo, distrito de Cabanillas. Estas celdas fueron construidas a menos de 500 metros del río Cabanillas, que sirve como fuente principal de riego para la agricultura que se desarrolla aguas abajo. Por lo anterior, el inadecuado manejo de estas celdas podría perjudicar a miles de familias originarias que desarrollan la agricultura como principal actividad económica aguas abajo, sin mencionar los impactos que esto ocasionaría en el ambiente.
Durante el 2019, el Frente de Defensa Interdistrital constituido por los distritos de Cabanillas, Cabana, Cabanilla, Mañazo y Caracoto, denunciaron a la MPSR por el presunto delito de Contaminación Ambiental. A partir de lo anterior, durante el 2020 la Fiscalía de Medio Ambiente se encuentra en el proceso de aperturar una investigación preliminar en contra de la MPSR por el presunto delito de otorgamiento ilegal de funciones. Cabe señalar que DHUMA viene acompañando este caso desde el 2019.
Por encontrarnos en el año de cambio de alcaldes y demás autoridades regionales, como también el rebrote del COVI-19, ha quedado paralizado en la etapa de investigación en el despacho fiscal.
En el 2021 y 2022, se logró que la Fiscalía Superior emita la Disposición N° 04-2021, que declara IMPROCEDENTE el recurso de elevación interpuesto por el Procurador Público de la Municipalidad Provincial de San Román, (no estando conforme con el mandato de aperturar nueva investigación en contra de los funcionarios de la municipalidad de Juliaca).
Ojo: La MPSC cuenta con presupuesto para la construcción de un relleno sanitario desde el 2014, pero debido a la imposibilidad de adquirir un terreno debidamente saneado no se logró construir esta infraestructura de vital importancia para una población que sobrepasaría los 300,000 habitantes. Esto a partir de la dudosa actuación de la MPSR, caracterizada por el uso de la Policía Nacional del Perú para amedrentar a los pobladores que se encuentren en contra de sus actividades, ocasionando así que comunidades originarias y personas naturales no brinden las facilidades para la adquisición de terrenos debidamente saneados.