Si Puno no es el Perú, ¿el litio pertenece al país?
SIN ACEPTACIÓN. Para la presidenta Dina Boluarte cuando la población protesta en su contra “Puno no es el Perú”, pero cuando se trata de concesionar recursos, como el litio y el uranio, si es parte del país y decide sobre esos recursos sin consultar a la población. Los pueblos originarios de Puno rechazan todo trámite que dé luz verde a la exploración por privados.
¿Qué se piensa del uranio? Pese a que la población de la región Puno rechaza a este régimen por la masacre en Juliaca y los asesinatos en Ilave, Juli, Macusani y Huancané, el gobierno de Dina Boluarte se siente ganador.
El día 25 de enero de 2023, en una conferencia de prensa dirigida a la asociación de periodistas del extranjero, la presidenta Boluarte dijo: “Puno no es el Perú”. Después de 76 días de esa declaración, el 10 de abril, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Oscar Vera, anunció que en dos meses entregará a la empresa minera Macusani Yellowcake, propiedad de la compañía canadiense American Lithium, los permisos de exploración de litio.
Días antes, en una convención desarrollada en Ilave, autoridades quechuas y aimaras anunciaron que no permitirán la explotación del litio sin que sea industrializado o mientras no exista beneficio directo para los 110 distritos y 13 provincias. ¿Es pertinente que se den los permisos de exploración de litio? ¿A quién corresponde decidir sobre el destino y tratamiento de este recurso?
La entrega de permisos de exploración y la explotación generarán problemas de carácter social, ambiental y salud, si consideramos que el litio y el uranio son minerales asociados. Para entender este tema citamos algunos pasajes de exfuncionarios y actual titular del Minem.
- Rómulo Mucho, exviceministro de Minas en 2019, sostuvo: “Para extraer el litio es necesario remover el uranio de la superficie”
- Jaime Gálvez Delgado, titular del Minen en 2021, dijo: “Sería más factible si no estuviera asociado al metal radiactivo (uranio)”.
- Óscar Vera, actual titular del Minem, señala: “Parece que nuestro litio está sin uranio y sería mucho más fácil para nosotros”.
Desde hace años, la empresa manifiesta que son dos proyectos distintos, es decir, que litio y uranio separados. ¿Quién tiene la razón, el gobierno o la empresa? En el 2020, Macusani Yellowcake fue sancionada administrativamente por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y multada con 399.28 UIT y 136.06 UIT, respectivamente, es decir, con 2 millones 301 mil 962 soles (más de 550 mil dólares).
Las sanciones administrativas se ejecutaron por realizar trabajos de exploración de uranio y litio sin acreditar un estudio de impacto ambiental debidamente aprobado por Senace, por no acreditar la inexistencia de restos arqueológicos en la zona de exploración, por no contar con autorización de la Autoridad Nacional del Agua para el uso del agua, por no cumplir con las medidas preventivas impuestas por OEFA, y por no paralizar las actividades de perforación diamantina.
El gobierno debería informar con transparencia y objetividad si el litio y uranio están o no asociados. Mientras no se sepa si el litio es un mineral independiente de uranio no es posible viabilizar la exploración de litio. El uranio es un mineral radioactivo que puede causar daños irreversibles al medio ambiente y a la salud de la población.
Según el Ministerio de Salud, el 58 % de la población de la región de Puno está expuesta a metales pesados. Según los tamizajes realizados por Censopas en la cuenca Coata, Llallimayo, entre otros, los metales pesados se encuentran en el organismo de las personas. De las 13 cuencas vertientes al lago Titicaca, 9 se encuentran contaminadas con metales pesados por actividades mine- ras formales, informales e ilegales.
De acuerdo con el análisis realizado por DHUMA (2021) al inventario de pasivos ambientales mineros, la región Puno tiene 916 pasivos ambientales mineros, lo que la ubica en tercer lugar a nivel nacional. Asimismo, Puno registra los niveles más altos de prevalencia de anemia en menores de 6 a 35 meses a nivel nacional, el 70.4 % por consumir agua no potabilizada o agua contaminada por metales pesados.
Por otro lado, las concesiones mineras de litio y uranio en territorio de las comunidades campesinas quechuas de Carabaya no pasaron por un proceso de consulta previa libre e informada de acuerdo al Convenio 169 de la OIT. La omisión de este derecho pone en cuestión la viabilidad de los proyectos de litio y uranio.
Además, los proyectos de litio y uranio se sobreponen a los restos arqueológicos reconocidos por el Ministerio de Cultura, como Patrimonio Cultural de la Nación. Por si eso fuera poco, las concesiones se encuentran en el entorno y sobre el nevado Quelccaya, el glaciar tropical más grande del mundo. Si el Minen autoriza la exploración, los paisajes naturales y culturales estarían en riesgo.
La población aimara, quechua y urus de Puno rechazan las actividades extractivas que atentan contra el medio ambiente y la salud de sus habitantes. Asimismo, exige la industrialización de litio y uranio respetando el medio ambiente y los derechos humanos.