El caso de la Fiscal de la Nación y sus implicancias
La coyuntura política del Estado peruano, en el marco de las funciones constitucionales una vez más muestra la otra cara de la moneda en las más altas esferas del poder, la obstrucción del avance del sistema de justica se encuentra en manos de los altos mandos, funcionarios de la justicia que actualmente generan un desorden en el Ministerio Público. La Junta Nacional de Justicia (JNJ), suspendió a Liz Patricia Benavides Vargas la Fiscal Suprema por un periodo de seis meses, dando inicio a un nuevo proceso de investigación por una presunta organización criminal dirigida por la fiscal y su cúpula.
La corrupción, uno de los males de la sociedad que inculcan la institucionalidad es un serio problema, afectando un Estado democrática al servicio del pueblo, sin embargo, se presentan redes, cúpulas de corrupción enquistadas en el sistema de justicia, configurando un conflicto de interés políticos, ideológicos e incluso personales, ahora con la investigación que sigue al entorno cercano de la fiscal de la nación, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICOP) y/o denominado “Operación valkiria” a cargo de la fiscal Marita Barreto, descubre que Patricia Benavides, desplegó constantes acciones desde 2022 para impedir que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) avanzara cuatro investigaciones en su contra que podrían causar su destitución.
Su interés de Benavides y su cúpula trabajaría de esta manera según esta operación valkiria o EFICOP su presunto ejercicio y poder institucional, que tiene como objetivo desarrollar acciones ilícitas con fin de aglutinar el poder en diversos estamentos del Ministerio Público. Con las investigaciones, para poder determinar las causas sobre esta presunta organización, ya se presumiría lo siguiente, la denuncia a la ex fiscal Zoraida Avalos porque decidió suspender las investigaciones contra Pedro Castillo. Esta posición ponen en evidencia la búsqueda del dominio en las investigaciones, primero Junta Nacional de Justicia (JNJ) donde se presume buscar un proceso constitucional donde la fiscal archivaría actos de corrupción en favor de los mismos congresistas, segundo, la elección del defensor del pueblo, en donde Josué Gutiérrez quien constitucionalmente buscaría una instrumentalización y acaparamiento de una eventual comisión especial para seleccionar a nuevos miembros de la junta nacional de justicia a fin de que Benavides estuviera en las esferas más altas y enquistada en el poder y por último la inhabilitación de Zoraida Avalos.
Bajo las opiniones de la ex fiscal de la nación Zoraida Avalos da entender que su destitución del cargo fue con fines políticos y que, además mencionaría que todo lo que se maneja dentro del sistema saldría a la luz. Bajo las exposiciones que se presumieron, la JNJ como un órgano de disciplina de las instituciones de justicia peruana deberá tomar acciones y aplicar las sanciones correspondientes sobre la mala conducta. No obstante, existe la presunción de congresistas involucrados, es así que, el congreso de la republica rechaza la moción para investigar a la JNJ por caso Benavides la investigación deberá ser más justa e intensa para los altos mandatarios.
No cabe duda, que una vez más se demuestra que nuestro Estado institucionalmente no es eficiente, bajo la ideología política que existe, los grandes mercenarios comunicativos que también se involucran avocadas en la recaudación económica al no hacer conocer realidades institucionales que lamentablemente viene suscitado en el Estado peruano.