Libertad de Alberto Fujimori y la mirada internacional
Este último marte 5 de diciembre, el Tribunal Constitucional (TC) del Perú, dispuso la libertad del expresidente Alberto Fujimori.
La emisión de esta sentencia ordenando la excarcelación de Alberto Fujimori por parte del TC, en pugna con la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), suscito distinto tipo de reacciones, algunas a favor y otras en contra de la decisión.
Cabe recordar que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de Lesa Humanidad, caso “La Cantuta y Barrios Altos”, en los cuales el escuadrón paramilitar “Grupo Colina” a orden del entonces presidente cometió las dos masacres, la primera tuvo lugar en 1991 en el vecindario de Barrios Altos, en Lima, y el segundo se suscito en 1992 en la Universidad de la Cantuta, también en Lima. Adicional a ello se le condena también la intervención en el secuestro de los periodistas Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.
Simpatizantes de Fujimori aducen su avanzada edad y los años que lleva en prisión como motivo para la viabilidad de su liberación, mientras por otro lado, los familiares de las víctimas y asociaciones en defensa de los Derechos Humanos (DDHH) alegan las no disculpas por los crímenes, y el no pago de la reparación económica como causas para su continuidad en prisión.
Tras el fallo del TC y las expresiones de sus miembros, donde expresan que la CIDH no tiene competencia en la ejecución de una sentencia en el plano nacional, es importante saber qué implicancias traerá la excarcelación de Fujimori a nivel internacional y que imagen dará el Perú con este fallo.
Reacciones nacionales e internacionales
Las reacciones ante la decisión de TC no se hicieron esperar, en el ámbito nacional, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), expreso su rechazo ante el grave desacato del TC a lo ordenado por la CIDH. Pidiendo a la presidenta Dina Boluarte la no ejecución de la sentencia, pues estas acciones conllevarían a poner en riesgo la integridad internación de justicia y lucha contra la impunidad en el país.
La ONG Human Rights Watch por su parte afirma que la liberación de Fujimori viola las obligaciones internacionales del Perú e incumple las órdenes de la CIDH que el Estado peruano está en la obligación de cumplir. Y sugiere remitir el caso a la Asamblea General de la Organización de Estado Americanos (OEA). La directora de esta institución menciona que “la liberación de Fujimori representa una bofetada a las victimas de atrocidades”, asimismo señala que “la OEA debería examinar la liberación en el contexto de la gravísima erosión del Estado de derecho y la protección de los DDHH en el Perú”, postulando también que “la decisión coloca al Perú junto a Nicaragua y Venezuela como países que contravienen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y la comunidad internacional debe presionar al gobierno para que cumpla con sus obligaciones internacionales, incluidas las decisiones de la Corte Interamericana”.
Por otra parte, Fernando Ugaz menciona que no acatar una resolución de cualquier entidad internacional, pone al Perú en una difícil situación. Añadiendo que el Estado peruano debe ser consiente que esta yendo en contra de una decisión de la CIDH, sin respetar los acuerdos internacionales y el derecho internacional. Esto puede advenir en diferentes consecuencias, debido a que la CIDH tiene relación con la OEA y la ONU.
Por ultimo, para Enzo Elguera, la liberación de Fujimori al desconocer una disposición internacional, pone en riesgo la permanencia del Perú en estas entidades. Pues significa un mal precedente contra los DDHH, pues el no acatamiento a la disposición de la CIDH se toma como un retroceso en la materia de DDHH.