¿La degradación de la tierra es un problema social?

Los residuos electrónicos generados durante el 2019 en los países “desarrollados o del primer mundo”, ascienden a 350 buques trasatlánticos, que cruzan mares con destino a países en “desarrollo”, cuyas regulaciones son más flexibles en cuanto a este tipo de basura. A partir de la premisa anterior, es pertinente cuestionarse si el enriquecimiento de los “países desarrollados o del primer mundo” se traduce en degradación de la tierra y el ambiente en los países en “desarrollo”.

Por poner un ejemplo concreto: mientras que Finlandia, Islandia y Noruega ofrecen las mejores condiciones de vida para sus niños, con muy buenas viviendas, acceso seguro a servicios básicos y excelente calidad de agua y aire. En Colombia o México se registran los peores desempeños en cuanto a calidad de aire, a pesar de ser los que menos contaminan en relación con el consumo de su propia población. En México, por cada mil menores se pierden una media de 3,7 años de vida saludable a causa de la polución. Por contraste, en Finlandia, apenas se pierden 0,2 años por mil niños, a pesar de que si todo el mundo consumiese a su ritmo serían necesarios casi cuatro planetas (Dale, 2022).

 

Entonces, la degradación de un territorio, sus ecosistemas, sus bosques, su agua, puede significar la acumulación y ganancia de otro territorio vecino o de otros actores sociales. Estas interacciones no se reducen a escalas de vecindad [como se puede observar en los párrafos anteriores], sino también a escalas regionales, nacionales, continentales e incluso globales.

Por lo anterior, la degradación de la tierra podría entenderse también como un problema social, ya que este se define en relación con el uso que le da la sociedad, siendo más beneficiosa para unas que para otras.

Caso de uranio y litio en Puno

En el marco anterior es previsible contemplar que los residuos electrónicos generados a partir de los llamados “minerales de transición”, regresarían a sus países de origen, como basura. ¿Es está una transición justa para los países exportadores? A pesar de las numerosas vulneraciones de derechos humanos en Latinoamérica vinculadas a la actividad extractiva, y los cuestionamientos entorno a los hallazgos de litio y uranio en Puno (4.7 millones de toneladas de carbonato de litio de alta pureza y 124 millones de libras de uranio). El gerente general de Macusani Yellowcake mencionó que las reservas encontradas en Puno albergan más litio que Bolivia, Chile y Argentina, y que en el futuro instalarían una refinería en Carabaya para producir carbonato de litio en grado de batería[1]. Sin embargo, es imperante mencionar que el hallazgo de litio está vinculado a los más de 124 millones de libras de uranio encontrados en las mismas zonas, existiendo el riesgo de que ambos minerales, al existir en relación directa, la explotación de uno no podría hacerse sin exponer al otro; la radioactividad del uranio es el gran problema entorno al cual las políticas públicas, legislación y estrategias deben girar. Además, la producción de baterías de litio es un paso que aún no se pudo lograr en el llamado triangulo de litio.

Asimismo, las concesiones de los proyectos de uranio y litio estarían superpuestas sobre áreas con reconocimiento público de patrimonio cultural de la nación. Pero hay otras zonas donde hay vestigios culturales históricos de tiempos inmemoriales, pero que aún no cuentan con estudios. En medio de la expectativa, existe otro problema vinculado al glaciar de Quelccaya que tiene más de 300 años de haberse formado, cuya extensión fue concesionado en su totalidad.

A pesar de las evidentes dudas entorno a estos hallazgos, la necesidad de avanzar para explotar ambos minerales es imperante para continuar con la llamada “transición energética” de los países “desarrollados o del primer mundo”; por lo que es pertinente preguntarnos si la explotación de ambos minerales en más beneficiosa para los territorios locales o para otros países.