Puno al borde de una crisis de salud masiva por envenenamiento de metales pesados
El 3 de julio de 2024, Fiorella Luna, coordinadora regional de la Estrategia de Metales Pesados ??de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Puno, lanzó una advertencia alarmante: 35 distritos en 9 provincias de la región de Puno están expuestos a niveles críticos de metales pesados, lo que pone en riesgo la salud de millas de personas. Según sus declaraciones, más del 70% de la población de estas zonas tiene metales como mercurio, arsénico y en el distrito de Paratía plomo en sus cuerpos, lo que podría desencadenar una crisis de salud sin precedentes.
Entre las áreas más afectadas se encuentran los distritos de Llalli, Cupi, Umachiri y Ayaviri en la cuenca Llallimayo; Huata, Capachica, Caracoto y Coata en la cuenca Coata; Ocuviri y Vila Vila en la cuenca Vila Vila; Cojata y Ananea en la cuenca Suches; y Crucero, Potoni, San Antón, Asillo, Azángaro, Achaya, Samán y Caminaca en la cuenca Ramis. Además, varios distritos en las provincias de Carabaya (distritos de Ajoyani, Ayapata, Corani, Ollachea y San Gabán), Azángaro (distrito de Santiago de Pupuja) y Sandia (distritos de Putina Punco, Alto Inambari, Yanahuaya, San Juan del Oro, Cuyocuyo y Quiaca), así como los distritos de Puno y Yunguyo, también están gravemente afectados.
Luna resaltó que no existe un tratamiento médico efectivo para quienes ya presentan altos niveles de estos metales en su organismo. La única medida preventiva viable es evitar la exposición, lo que implica alejarse de las fuentes de contaminación, principalmente el agua, que ha sido severamente afectada por las actividades mineras en la región de Puno. Los niveles de metales pesados ??en el agua superan los límites máximos permisibles, constituyendo una amenaza persistente para la salud pública.
Una crisis de larga data ignorada por las autoridades
La situación en Puno no es un fenómeno aislado o nuevo. A nivel nacional, según un informe de la Defensoría del Pueblo de 2022, basado en datos del Ministerio de Salud (MINSA), 10 millones 162 mil 380 personas, lo que representa el 31.15% de la población peruana, están expuestos a metales, metaloides. . y otras sustancias tóxicas. En Puno, la cifra es aún más alarmante: el 58% de la población, es decir, 716 mil 246 personas, vive en áreas contaminadas por metales pesados, debido a la contaminación de las aguas que fluyen hacia el lago Titicaca.
A pesar de la magnitud del problema, la autoridad regional no ha logrado avances significativos para abordar esta crisis. El Gobierno Regional de Puno ha mostrado una preocupante indiferencia en términos de prevención, recuperación y remediación de las cuencas afectadas. En el ámbito de la salud, la inacción ha sido aún más evidente. A pesar de que múltiples análisis de tamizajes han confirmado y reconfirmado el impacto devastador en la salud de la población, hasta la fecha no existen planes de atención integral para las personas afectadas por metales pesados.
Promesas de acción insuficientes ante la urgencia
Ante la creciente presión de la población y las organizaciones sociales, el Gobierno Regional de Puno, a través de su Gerencia Regional de Autoridad Ambiental, ha comenzado a dialogar sobre la implementación del Plan Especial Multisectorial (PEM), aprobado en 2021 mediante el Decreto Supremo. . N° 037-2021-MINAM. Este plan busca reducir el riesgo de exposición a metales pesados ??y otras sustancias tóxicas, con un enfoque integral que incluye la participación de entidades gubernamentales a todos los niveles y la sociedad civil.
Además, la población exige la aplicación efectiva de la Ley N° 31189, también aprobada en 2021, que tiene como objetivo fortalecer la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados. Esta ley contempla un enfoque territorial, de derechos humanos, intercultural y de género, y requiere una coordinación efectiva entre el Gobierno Central, los gobiernos regionales y locales, y el sector salud.
Sin embargo, mientras continúa el diálogo, las acciones concretas se retrasan, y la población sigue sufriendo las consecuencias de una exposición prolongada a metales pesados. De no tomarse medidas urgentes, Puno podría enfrentar una crisis de salud masiva, con efectos devastadores para la población, especialmente para las comunidades quechuas y aimaras que habitan en las zonas más afectadas.
La inacción podría condenar a la región de Puno a vivir una tragedia de salud pública, cuyo impacto sería irreparable si no se actúa con la urgencia que la situación exige.