Terruqueo una forma de justificación para reprimir las protestas sociales de los pueblos indígenas
El 9 de enero de 2023, la ciudad de Juliaca fue escenario de una de las manifestaciones más representativas en la región de Puno contra el régimen de Dina Boluarte. Durante la paralización, las fuerzas policiales y el ejercito dispararon contra los manifestantes, provocando la muerte de al menos 18 personas y centenar de heridos. Este trágico suceso no solo evidenció la violencia física y psicológica ejercida por el gobierno, sino también una violencia de carácter estigmatizante y discriminatorio hacia las comunidades quechuas y aimaras de la región, señalando que los pueblos del sur del Perú no tienen derecho a participar en las decisiones políticas del país. Este tipo de violencia no solamente es física, es la que daña directamente a los pueblos originarios del sur peruano y como se les percibe en todo el Perú.
A esta violencia física y psicológica se suma la estigmatización como parte de la violencia cultual, la cual se manifiesta a través de prácticas sociales que deshumanizan a ciertos grupos. Basándose en la normalización de actitudes discriminatorias que justifican el rechazo y la marginación hacia una comunidad debido a su identidad étnica. Este fenómeno no solo afecta la identidad de los individuos estigmatizados, sino que también perpetúa dinámicas de poder y exclusión en la sociedad. A través del "terruqueo" o acusación de terrorismo hacia los habitantes de Juliaca y otras zonas del sur andino. Ilustrando una de las prácticas más comunes de esta violencia: una estrategia de estigmatización que asocia a los manifestantes con el terrorismo, buscando deslegitimar sus demandas y retratarlos como una amenaza a la seguridad y al estado de derecho.
Según el sociólogo Johan Galtung, la represión hacia la población de Juliaca, considera como violencia cultural que define como aquella que normaliza la agresión y el abuso a través de mensajes, imágenes y discursos que refuerzan relaciones de dominación-sumisión, legitimando, a su vez, la violencia directa y estructural contra ciertos sectores de la población. En este caso, el "terruqueo" refuerza prejuicios históricos hacia las comunidades andinas, enraizados en estereotipos negativos construidos durante el conflicto armado interno en Perú, cuando el país se enfrentó a insurgencias maoístas y la sociedad quedó profundamente traumatizada.
La violencia cultural en el Perú ha sido usada estratégicamente para neutralizar la oposición política en contextos de crisis social. En el caso de las protestas en Juliaca, los medios de comunicación nacionales desempeñaron un papel crucial en la difusión de mensajes que deslegitiman y estigmatizan a los manifestantes. Las declaraciones de políticos como Rafael López Aliaga, quien públicamente afirmó que “todos los que marchan contra el gobierno de Dina Boluarte son terroristas”, alimentan la percepción de que ser juliaqueño o manifestante implica ser una amenaza. Esta generalización infundada no solo discrimina, sino que minimiza las razones legítimas de protesta y reproduce una violencia simbólica contra los pueblos indígenas y sus derechos. En contraste, los medios locales subrayaron que este rechazo y estigmatización desde Lima hacia las provincias del sur andino refuerzan una histórica marginación de las comunidades fuera de la capital.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado en su informe sobre la situación de los derechos humanos en Perú la excesiva fuerza letal usada contra los manifestantes, quienes, en su mayoría, marchaban pacíficamente en defensa de sus derechos frente a lo que consideran un gobierno opresor, usurpador y protegido por la corrupción. Este informe internacional recalca la gravedad de los abusos y señala la falta de respuesta gubernamental efectiva a las demandas de la población afectada. El informe también destacó la estigmatización étnica y racial de los manifestantes, quienes, en su mayoría, eran campesinos e indígenas que exigían cambios políticos y sociales, lo cual es considerado también violencia cultural.
Este tipo de violencia cultural afecta profundamente a los pueblos andinos, especialmente cuando los identifica como peligrosos solo por el hecho de oponerse al gobierno y la manera en la que neutraliza con discriminación y estigmatización. Según el informe de la CIDH, estas prácticas de criminalización y estigmatización de los manifestantes también contribuyen a invisibilizar sus demandas y a inhibir su derecho a la protesta, al crear un ambiente de intimidación y miedo entre los ciudadanos que buscan expresar su voz.
El informe de la CIDH recomienda al gobierno peruano adoptar un enfoque de diálogo amplio, intercultural y territorial que incluya a todos los sectores de la sociedad para superar la crisis actual y garantizar el respeto a los derechos humanos. En particular, este diálogo debe buscar desactivar el “terruqueo” como herramienta de discriminación y represión, promoviendo una comprensión más profunda y respetuosa de las comunidades quechuas y aimaras y de sus legítimas demandas. Además, sugiere medidas concretas para mejorar el manejo de las protestas y para proteger el derecho a la libre expresión y manifestación, contribuyendo a una sociedad más equitativa e inclusiva.