Puno: Entre masacre y racismo en 100 días del gobierno de Dina Boluarte
Solo en Juliaca, el 9 de enero, según la Fiscalía, hubo disparos de proyectiles de armas de fuego. Ese día 11 personas murieron por el impacto frontal de proyectiles de arma de fuego de policías o militares; otras 6 fueron impactadas por la espalda cuando huían de los disparos; y uno falleció a causa de múltiples heridas de perdigones de plomo.
Aimaras y quechuas consideran que en el Perú hay una falsa democracia y que las autoridades nacionales son asesinas, carniceras y corruptas.
La afirmación queda registrada en los versos que cantan en las protestas sociales. Esta democracia ya no es democracia/Dina asesina el pueblo te repudia/ Cuántos muertos quieres para que renuncies/Dina asesina el pueblo te repudia/ Sueldos millonarios para los corruptos/ Balas y fusiles para nuestros pueblos.
Los compromisos incumplidos por el ex presidente Pedro Castillo, que intentó dar un autogolpe, lo que devino en su vacancia por un Congreso con menos de 10 % de legitimidad. Después, la juramentación de Dina Boluarte como presidenta del Perú “hasta julio de 2026” despertó en la población del departamento de Puno acciones de rechazo total contra del Ejecutivo y Legislativo.
Desde un inicio demandan el adelanto de elecciones para el 2023. La población del Altiplano considera que el “circo” protagonizado por los congresistas y la primera mujer presidenta del Perú es parte de “un plan de traición al pueblo” que depositó su confianza en sus representantes.
Recuerdan el compromiso de la señora Dina Boluarte en Juliaca, donde dijo: “Si al presidente (Pedro Castillo) lo vacan, yo me voy con el presidente”. Sin embargo, cuando asumió la presidencia dio un giro drástico y, a tono con la postura de la derecha que perdió las elecciones, ordenó reprimir las protestas.
Después de 242 años de la muerte de Túpac Amaru II, la frase “volveré y seré millones” volvió a manifestarse con más fuerza. Esta vez, organizaciones sociales de transportistas, comerciantes, barrios, aimaras y quechuas autoconvocados se mantienen en pie de lucha.
Han pasado más de 100 días y no cesa la demanda de adelanto de elecciones, asamblea constituyente, y justicia para los 22 civiles asesinados por las fuerzas del orden, 1 policía quemado y 6 soldados que perdieron la vida en el río Ilave, por una torpe orden de un superior.
Muchos estaban convencidos, como dice el artículo 1 de la Constitución, que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. En el artículo 2 añade: toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a la libertad de conciencia, a las libertades de información y opinión, y a la igualdad ante la ley; este último implica nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. Y el artículo 70 dispone garantizar la inviolabilidad de la propiedad privada.
Contrariamente, desde el gobierno de Dina Boluarte en vez de proteger y garantizar los derechos fundamentales permitió que los miembros de la Policía y del Ejército repriman y masacren a la población con impunidad. Alegaron que eran terroristas, vándalos, delincuentes, influenciados por Evo Morales, financiados por mineros ilegales, entre otros.
La masacre en Juliaca.
Aquel 7 de enero los miembros de las fuerzas del orden agredieron a una madre juliaqueña quien suplicaba que dejen de golpear a su hijo de 14 años. Un día después, los efectivos de la Policía lanzaron piedras y bombas lacrimógenas a una vivienda ubicada en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca, rompiendo las ventanas. También dañaron una unidad menor, una moto torito.
El 9 de enero ocurrió la masacre en Juliaca. Desde tempranas horas, pobladores de la zona norte de Puno se constituyeron en la ciudad de Juliaca para sumarse a las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. En la jornada, 18 personas, entre ellas menores de edad, fueron asesinadas por disparos directos al cuerpo de bombas lacrimógenas y balas.
Según el fiscal Jorge Chávez Cotrina hubo disparos de proyectiles de armas de fuego: 11 personas perdieron la vida al recibir de frente los impactos de los proyectiles, es decir, los policías o militares apuntaron sus fusiles mirándolos directamente; otras 6 fueron impactadas por la espalda cuan- do huían de los disparos; y uno falleció a causa de múltiples heridas de perdigones de plomo.
El 18 de enero se produjo la represión en Macusani con 2 ciudadanos muertos; el 20 de enero en Ilave con una víctima. En ambos casos también hubo disparos de armas de fuego de parte de los miembros policiales, sin tener el más mínimo respeto a la vida. El 4 de marzo ocurrió un enfrentamiento entre la población de Juli-Chucuito y las fuerzas de la Policía y del Ejército, que dejó 18 heridos (8 civiles y 10 militares). Pareciera que en el enfrentamiento los más afectados fueron los miembros de las fuerzas del orden. Sin embargo, como en Juliaca, Macusani, Ilave y Puno, donde los heridos en vez de acudir a un centro de salud prefirieron irse a su domicilio por temor a ser denunciado o detenido, en Juli habrían hecho lo mismo.
El 5 de marzo murieron seis soldados. “¡Pasen perros de mierda!”. Fue la orden del capitán Josué Frisancho Lazo para obligar a la patrulla del Ejército a cruzar el río Ilave. Con su orden los condenó a la muerte. Ellos regresaban de Juli a Ilave. Esta decisión arbitraria terminó con la vida de seis soldados, quienes murieron ahogados en el río Ilave.
Desde el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se emitió el comunicado 002-2023 aduciendo que fueron obligados por los pobladores de la zona a cruzar las aguas gélidas del río Ilave. Sin embargo, la versión fue desmentida por los familiares de soldados fallecidos, el periodista Liubomir Fernández y grabaciones en video. No era cierto que la población los hubiera forzado a cruzar el río, sino que fue un superior el que dio la orden.
Las dos caras de Boluarte
Los 100 días de gobierno de Dina Boluarte estuvieron marcados por la represión y declaraciones que en lugar de unir al país lo separaban más.
Boluarte dijo entre otras cosas: “Puno no es el Perú” y que los que protestaban eran “un grupo minúsculo”. Lejos de bajar la tensión, Boluarte mostraba un doble rasero. Por un lado, hablaba en quechua y les decía a las pobladoras quechuas y aimaras: “Hermanas, mamitas, turay, panay, no te dejes engañar. Mira tu hogar. ¿No necesitas agua, atención médica, educación para que tus hijos sean profesionales y salgan adelante, que sean con el tiempo presidente de la República como yo?”. O decía también: “Sabemos de manera extraoficial que por la frontera Perú y Bolivia han ingresado estas armas letales llamadas Dum Dum traídas por los Ponchos Rojos”.
Pero inmediatamente después declaraba en Estado de Emergencia y disponía que el orden esté a cargo de la Policía con el apoyo de los militares. Con esas afirmaciones, la presidenta pretendió esquivar su responsabilidad por la muerte de civiles en Puno. Asimismo, mostró desprecio y racismo contra los pueblos quechuas, aimaras y urus de Puno. Hizo ver que sus vidas no tenían valor ni significado por pensar diferente o por pedir su renuncia.