La contaminación de la cuenca Coata obedece al crecimiento poblacional de Juliaca, según la MPSR
Municipalidad Provincial de San Román (MPSR), Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento SEDA Juliaca, Gobierno Regional de Puno (GORE), Dirección Regional de Salud Puno (DIRESA) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) se niegan en asumir sus responsabilidades por la contaminación de la cuenca Coata.
En audiencia de vista de causa ante la Sala Civil de Juliaca, a cargo de los jueces superiores Edwin Sarmiento Apaza, Roger Díaz Haytara y Javier Caracela Borda; los abogados defensores de Seda Juliaca, MPSR, GORE Puno, DIRESA y el MVCS, alegaron que no están en condiciones de cumplir con lo ordenado en la sentencia del Segundo Juzgado Civil de San Román-Juliaca, donde se les responsabiliza por las condiciones insalubres e indignas que viven los pobladores de los distritos de Coata, Huata, Capachica y Caracoto al estar expuestos a la contaminación ambiental del río Torococha, la cuenca Coata y el lago Titicaca.
En septiembre del año 2023, el juez Andrés Carita del Segundo Juzgado Civil de San Román-Juliaca ordenó a la MPSR, SEDA Juliaca, al MVCS, al GORE Puno y a la DIRESA a detener la contaminación ambiental por el vertimiento de aguas residuales sin tratar al río Torococha, Coata y a la bahía del lago Titicaca; atención de salud para las personas afectadas por la contaminación; y dotación de agua potable accesible, suficiente y de calidad para la población que habita en la cuenca baja de Coata.
Esta histórica decisión judicial, que apunta plantear soluciones integrales para afrontar la contaminación de la cuenca Coata, así como la afectación de la salud de la población del lugar, fue respaldado por diversas organizaciones sociales de la región de Puno, incluso por varios medios de comunicación, calificando esta sentencia como ejemplar.
Sin embargo, para MPSR, GORE Puno y el MVCS esta sentencia es calificada como “arbitraria y abusiva” que atenta la gestión de proyectos de inversión en la ciudad de Juliaca, Coata, Huata, Capachica y Caracoto. Así se pudo percibir en la audiencia de vista de causa que se desarrolló el último 6 de marzo.
Nadie quiere asumir su responsabilidad
El abogado Boris Apaza, que asume la defensa legal de la MPSR, señala que esta entidad municipal no es el causante de la contaminación del río Torococha y Coata. Según la defensa de MPSR la contaminación obedece al “acelerado crecimiento poblacional de la ciudad de Juliaca”. Por su parte, el abogado defensor de SEDA Juliaca, Lino Larico, sostiene que la sentencia judicial “pone en riesgo proyectos de inversión en tema de saneamiento básico, el cual está en etapa de formulación en beneficio de la población afectada”.
SEDA Juliaca indica que entre los proyectos emblemas que tienen junto con la MPSR se encuentra la creación del Servicio de Tratamiento de Agua Residuales y la Disposición Final en la Provincia de San Román, que se dio mediante la firma del Convenio 01-2024 el pasado el 19 de enero de 2024, donde participan MPSR, Seda Juliaca, distrito San Miguel y el MVCS.
En consulta a la población de Coata, Huata, Capachica y Juliaca sobre el referido convenio, nadie tiene conocimiento de este en cuanto a su contenido y alcances, lo que hace presumir que la firma del convenio se realizó sólo para responder al proceso judicial, mas no para lograr una remediación integral de la cuenca Coata y el lago Titicaca. Es más, habiéndose iniciado este proceso constitucional de amparo en el año 2017 y hasta la fecha de la emisión de la sentencia que fue en septiembre del 2023, no hubo iniciativas de resolver la problemática medioambiental y atención integral de salud para la población afectada que vive con metales pesados (arsénico y mercurio) en sus organismos.
La defensa del MVCS, manifestó que, desde el inicio del proceso constitucional de amparo en el año 2017 hasta la emisión de la sentencia en setiembre del 2023, “hubo un intervalo de tiempo de 5 años, en donde no hubo ningún tipo de afectación, ni omisión de funciones de parte del Estado peruano, al contrario fuimos desarrollando diversos proyectos de saneamiento en Coata, Capachica, Huata y Juliaca en el marco del Programa Nacional de Saneamiento Rural y Urbano. A lo largo que duro el proceso se fueron incorporando 28 proyectos para atender a la población afectada en la cuenca baja de Coata”. Con estas consideraciones injustificadas solicitó la nulidad de la sentencia judicial.
En representación del GORE Puno y la DIRESA, la Procuraduría Pública ha señalado que como GORE Puno tiene la función de fiscalizar, supervisar y sancionar a establecimiento privados y públicos que atentan contra el medio ambiente. En relación al vertimiento de residuos biológicos hospitalarios en los ríos Torococha y Coata, manifestó que no realizaron ningún tipo de accionar que conlleve a sanciones contra los establecimientos de salud de Juliaca, ya que esto implicaría cerrar algunos servicios de salud, afectando a la población que busca atención médica. Referente a la atención de salud a la población afectada por la contaminación de la cuenca Coata, solicitó un registro de personas afectadas por la contaminación, a fin de priorizar la atención de salud.
En conclusión, las instituciones públicas mencionadas, no cuentan con intenciones mínimas de asumir su responsabilidad a partir de la sentencia 183-2024 del Segundo Juzgado Civil de Juliaca. Continúan manifestando conductas con posturas de dilatar el proceso y no alcanzar soluciones concretas para lograr la remediación integral de la cuenca Coata.
El problema central de la contaminación del rio Torococha y Coata