Informe Anual 2023/2024 de Amnistía Internacional sobre Derechos Humanos en Perú
Amnistía Internacional tiene el honor de presentar su Informe Anual 2023/2024, que detalla la situación de los derechos humanos en el Perú durante el último año. Este informe, resultado de una exhaustiva investigación y análisis, destaca las violaciones de derechos humanos ocurridas en el país y hace un llamado urgente a la acción para abordar estas preocupaciones.
El evento contó con la participación de destacados panelistas, cada uno experto en áreas clave relacionadas con los derechos humanos en el Perú. Entre ellos estuvieron: la Ingeniera Karelia Yhomira Mamani Zapata, Coordinadora de Promotores del Movimiento Ambientalista Juvenil Andino; la Señora Rosa Luque Mamani, Tesorera de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero; el Abogado Cesar Quispe Calsin, Director del Instituto de Derechos Humanos ILLARIY; la Señorita Deniss Lanza Machaca, Representante del colectivo Féminas; y Sonia Paredes, Directora de Campañas e Incidencia de Amnistía Internacional.
El informe destaca la continua crisis social y política que afectó a Perú desde diciembre de 2022. Durante el año pasado, las fuerzas de seguridad respondieron a las protestas con un uso excesivo de la fuerza, especialmente en regiones donde la mayoría de la población se identifica como indígena y campesina quechuas y aimaras, como es el caso de Juliaca, Macusani, Ilave, Juli y Laraqueri de la región de Puno. En este contexto, las autoridades debilitaron instituciones clave como el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia, poniendo en peligro el acceso de la población a la justicia y la garantía de pleno respeto a sus derechos humanos.
Las personas defensoras de los derechos humanos continuaron enfrentando riesgos significativos, con una persistente impunidad en los casos de homicidios de personas defensoras de la tierra, territorio y medioambiente. Durante 2023, se mantuvieron los altos niveles de violencia sexual y de género, incluida la ejercida contra niños, niñas y adolescentes. Las autoridades obstaculizaron el derecho al aborto en casos de embarazo infantil, y se aprobaron legislaciones que menoscabaron la igualdad de género. La población LGTBI continuó enfrentando violencia en diversos ámbitos, además de enfrentar legislaciones discriminatorias. En cuanto a la protección de la población refugiada y migrante en el país, las autoridades peruanas no cumplieron con garantizarla.
Lamentablemente, socavando la justicia para las víctimas, y a pesar de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades excarcelaron al expresidente Alberto Fujimori. Además, miles de víctimas de esterilizaciones forzadas continuaron sin obtener reparación, a pesar de una sentencia judicial que lo ordena. Este informe subraya la urgente necesidad de abordar estas graves violaciones de derechos humanos en Perú y garantizar la protección y el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas en el país.