La consulta previa sí es un derecho fundamental
Ante la emisión de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que niega la consulta previa a los pueblos indígenas como derecho fundamental (expediente N° 03066-2019-PA/TC), las autoridades originarias de las comunidades campesinas aimaras de Chila Chambilla y Chila Pucara-Juli, advierten emprender un II Aymarazo, si los magistrados del TC no rectifican su sentencia, en favor de la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas conforme al Convenio 169 de la OIT.
En conferencia de prensa realizado en el Colegio de Abogados de Puno, anunciaron que viajaran hasta la ciudad de Lima para realizar un plantón en el Tribunal Constitucional, de esta forma exigir la rectificación de la sentencia que pone en riesgo el único derecho que tienen los pueblos indígenas para exigir consulta previa en medidas administrativas (concesiones mineras, petroleras, entre otros) y legislativas (leyes del Congreso). Agotado esta vía, si el Tribunal Constitucional no retrocede con su sentencia, tomaran acciones internacionales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Convención de Viena.
José Layme Orocollo, presidente de la comunidad campesina de Chila Chambilla, exhortó al Presidente de la República (Pedro Castillo), Ministro de Cultura, Gobernadores Regionales, Consejeros Regionales, Alcaldes provinciales y distritales, autoridades originarias de las comunidades campesinas y organizaciones sociales indígenas del país, a pronunciarse, rechazando la sentencia del TC que desconoce el Convenio 169 de la OIT como rango constitucional.
Martin Perca Chambilla, presidente de la comunidad campesina de Chila Pucara, manifestó que ha perdido confianza en los magistrados del Tribunal Constitucional, ya que sus sentencias tienen tendencias a favor de las empresas extractivas; dejando postergado una vez más los derechos de los pueblos indígenas del Perú.
ANTECEDENTE.
Las comunidades campesinas aimaras de Chila Chambilla y Chila Pucara-Juli, emprendieron en el año 2014 el proceso constitucional acción de amparo, exigiendo la nulidad de las concesiones mineras que se ubican en sus territorios y la aplicabilidad de la consulta previa. Durante el proceso, las instancias judiciales, declararon improcedente la demanda constitucional, hasta el extremo de desconocer a las comunidades demandantes de no pertenece al pueblo indígena aimara.