Informe de Investigación: alerta la amenaza de la Minería Transfronteriza en el Sistema TDPS
Puno, Perú / La Paz, Bolivia – Diciembre de 2024 – TerraJusta (Bolivia) y Derechos Humanos y Medio Ambiente - DHUMA (Perú) han publicado una investigación titulada "Minería Transfronteriza. Cuenca Binacional del Lago Titicaca - Río Desaguadero. Caso Subcuencas Callaccame, Pusuma y Mauri Chico". El objetivo de este informe es alertar sobre la reactivación de la actividad minera en las sub Cuencas transfronterizas Callaccame, Pusuma y Mauri Chico, que comparten Perú y Bolivia.
Ambas subcuencas son parte de la Cuenca Binacional del Río Desaguadero, que pertenece al Sistema Hídrico Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Lago Salar de Coipasa, conocido como Sistema TDPS. La finalidad de las organizaciones autoras del informe, es dotar de información clara y sencilla a las comunidades originarias aimaras de Perú y Bolivia sobre los alcances de la actividad minera en sus territorios y ecosistemas; y sobre las consecuencias devastadoras de esta actividad extractiva para todas las poblaciones y la forma de vida en la región.
Los ríos Ccallaccame, Pusuma y Mauri Chico, nacen en territorio peruano, principalmente en los distritos de Kelluyo, Huacullani, Pisacoma y Desaguadero, en la provincia de Chucuito (Puno-Perú), y fluyen a territorio boliviano, principalmente hacia el Municipio de San Andrés de Machaca, pero también hacia los Municipios de Desaguadero y Jesús de Machaca, en la provincia Ingavi (La Paz-Bolivia). El informe identifica a detalle todas las concesiones mineras que el gobierno peruano de Dina Boluarte viene viabilizando a una velocidad sin precedentes en las subcuencas Callaccame, Pusuma y Mauri Chico. Algunas de estas concesiones se encuentran a escasos 140 metros de la línea fronteriza con Bolivia, por lo que una eventual activación de estas operaciones mineras en la zona, afectaría a ambos países.
La presencia de concesiones mineras en comunidades campesinas del sur del Perú, fronterizas con Bolivia, no es nueva. De hecho, el año 2007, el gobierno peruano autorizó la puesta en marcha del proyecto minero Santa Ana, de propiedad de la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation. Este proyecto, que se ubicaba en el distrito de Kelluyo y Huacullani de la provincia de Chucuito, desató el año 2011 la movilización social histórica conocida como “El Aymarazo”, cuando las comunidades aimaras rechazaron el proyecto minero por el potencial impacto que podría provocar en las fuentes de agua de la zona y en la agricultura de la zona. Esta movilización obligó al entonces gobierno peruano a establecer una zona de “No admisión de Petitorios Mineros” medida que venció en enero del 2024.
Las concesiones mineras de las empresas Nueva Energía Metales, Energy Craft América y Fresnillo, que abarcan 10,300 hectáreas, parecen ser una prioridad para el gobierno del Perú. Según las últimas declaraciones, el gobierno peruano ha manifestado expresamente que están promoviendo una política minera en las zonas fronterizas, permitiendo la reactivación de proyectos mineros paralizados mediante decretos supremos. Este enfoque busca superar la restricción constitucional que prohíbe a empresas y personas extranjeras realizar actividades mineras dentro de un radio de 70 kilómetros de las fronteras nacionales. Por todo esto, estas concesiones ya cuentan con el camino despejado para su desarrollo. La minería transfronteriza en esta zona, traería consecuencias no solo para la parte de las cuencas que se encuentran en territorio peruano, sino también en territorio boliviano, por lo que es un tema que debe tratarse a nivel binacional, con el involucramiento de las comunidades locales.
El informe recaba información oficial que indica que ya existen más de 800 fuentes de contaminación minera en la cuenca del Lago Titicaca. Estos focos de contaminación generan degradación de los ecosistemas, pérdida de biodiversidad y contaminación del agua con metales pesados como arsénico, mercurio, plomo entre otros. Eso a su vez, provoca conflictos sociales recurrentes en varias zonas de la cuenca del Lago Titicaca, del Río Desaguadero, y en el sistema TDPS.
El informe revela los siguientes puntos críticos:
1. Vulnerabilidad de las subcuencas Callaccame, Pusuma y Mauri Chico: Estas subcuencas, ubicadas en la cuenca binacional del Río Desaguadero, podrían ser gravemente afectadas por el desarrollo de actividades mineras aprobadas en Perú. Las actividades en estos sitios impactarán la calidad del agua que fluye hacia Bolivia, presentando un alto riesgo de contaminación en zonas de frontera.
2. Impactos ambientales transfronterizos: Los proyectos mineros en estas áreas pueden generar lixiviados y sedimentos que podrían contaminar los cuerpos de agua compartidos entre ambos países. Esta contaminación pondría en peligro la biodiversidad y las fuentes de agua de las comunidades que habitan en los territorios de estas cuencas, en ambos lados de la frontera.
3. Falta de consulta y participación comunitaria: Las comunidades campesinas y originarias en Perú no han sido consultadas por el gobierno peruano en el proceso de entrega de los títulos de las concesiones mineras a empresas mineras en estas zonas. Por esta razón, las organizaciones aimaras exigen al Estado peruano y a las empresas mineras frenar todos los trámites de actividades mineras. Por su parte, las comunidades originarias del lado boliviano, que podrían ser afectadas por la activación de proyectos mineros en el lado peruano, ni siquiera han sido informadas sobre estas concesiones y los potenciales impactos.
4. Responsabilidad binacional: los gobiernos de Perú y Bolivia tienen la obligación de proteger las cuencas del lago Titicaca, del Río Desaguadero y del sistema TDPS en general. Estas responsabilidades, que derivan del derecho internacional de aguas y convenios internacionales como el convenio RAMSAR, obligan a Perú y Bolivia, y a las instituciones binacionales creadas por ley (principalmente la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó, Salar de Coipasa - ALT), a proteger el sistema TDPS y a socializar información con las comunidades que viven en estos territorios, acerca de los potenciales impactos que podrían sufrir los ecosistemas locales a causa de actividades como la minería.
Por todo esto, TerraJusta y DHUMA, han entregado este informe a las comunidades campesinas y originarias de Perú y Bolivia, para que estén informadas sobre el estado de las concesiones mineras en sus territorios, de modo que puedan tomar las decisiones que consideren pertinentes.
Acceda al informe mediante este enlace:
https://www.derechoshumanospuno.org.pe/publications/12
Contactos para la prensa:
- TerraJusta: Leny Olivera Leny@terra-justa.org
- DHUMA: Vito Calderón Vitocalderon9@gmail.com
DHUMA, acompaña, capacita, informa, difunde, y brinda asesoría legal y técnico-ambiental a las comunidades aimaras, quechuas y organizaciones sociales de base de la región de Puno, a través de la articulación en redes y aliados a fin de lograr el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos originarios.
TerraJusta, a través de la investigación, comunicación y campañas internacionales, acompaña a organizaciones sociales y comunidades que luchan por la justicia social, económica y ambiental, que resisten a proyectos extractivos en América Latina.