El 17 de septiembre, en el distrito de Coata (Puno), autoridades originarias, dirigentes y población en general del mencionado distrito se volvieron a reunirse para hablar de lo que se ha convertido en un símbolo de resistencia: la defensa de la cuenca Coata. No fue una reunión más. Allí, entre rostros de indignación, pero firmes, se recordó que, después de siete años de lucha, existe una sentencia judicial histórica que obliga a las instituciones del Estado a detener la contaminación del río Torococha y de la cuenca Coata.

La sentencia, ratificada en segunda instancia y en ejecución desde marzo de 2024, representa mucho más que un documento legal: es la voz de miles de familias que, por fin, encontraron justicia en el Poder Judicial. Es la primera vez que la justicia ordena construir una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Sólidos para frenar la contaminación que viene enfermando la cuenca Coata por 600 litros por segundo de aguas servidas de la ciudad de Juliaca aproximadamente, residuos mineros en la cabecera de la cuenca en mención y pasivos ambientales mineros abandonados por décadas, afectando la vida de la población que habita en la cuenca baja de Coata y a todas formas de vida acuática.

Sentencia que pone jaque y mate a instituciones públicas.

José Chata Pacoricona, Director Ejecutivo de Derechos Humanos y Medio Ambiente-DHUMA, recordó que el fallo no admite excusas. Sin embargo, SEDA Juliaca, una de las instituciones responsables, ha confesado que no tiene condiciones para cumplirlo: ni presupuesto, ni capacidad para descolmatar las lagunas de oxidación, ni alternativas al vertimiento de aguas residuales. En otras palabras, reconoce que seguirá contaminando el río Torococha y posteriormente la cuenca baja de Coata.

Mientras tanto la respuesta del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Gobierno Regional de Puno; Dirección Regional de Salud de Puno (DIRESA) y Municipalidad Provincial de San Román es ambigua para resolver la situación ambiental de Coata.

Para los dirigentes, esta declaración fue un balde de agua fría contaminada, por cierto que despertó indignación y rabia. ¿De qué sirve una sentencia si las instituciones se escudan en su precariedad para no cumplirla? La respuesta no tardó en llegar desde la propia población: “ya no hay peces, ni vida en el río, solo un olor insoportable”, denunció con firmeza la comunera Rosa Chipana de Pacompia. Sus palabras resumen el drama cotidiano de cientos de familias.

Guardianes del agua, monitorean y vigilan la calidad del agua

La reunión también mostró el otro lado de la historia: el de la organización comunitaria que, desde hace más de una década, viene resistiendo al abandono estatal. Zenaida Mamani Quispe, miembro integrante de DHUMA, destacó que desde 2011 se realizan acciones de monitoreo comunitario, aplicando la metodología internacional del Global Water Watch con participación activa de estudiantes. Son los jóvenes de colegios como “San Agustín” de Coata, “Daniel Alcides Carrión” de Caracoto y “Manco Cápac” de Paratía quienes se han convertido en guardianes del agua, demostrando que la defensa ambiental es también un acto pedagógico y de futuro.

Aquí se refleja un contraste: mientras las instituciones estatales alegan incapacidad, son los comuneros, las madres, los dirigentes y hasta los escolares quienes ponen el cuerpo y la conciencia para vigilar y monitorear la calidad del agua.

El rol de la Defensoría del Pueblo

El representante de la Defensoría, Jaime Calapuja, recordó que este no es un problema aislado: Llallimayo, Ramis y Coata comparten la misma historia de contaminación y abandono. La Defensoría ha prometido mantener el acompañamiento judicial, pero la percepción ciudadana es clara: el Estado acompaña con papeles y promesas, mientras las comunidades enfrentan en carne viva la degradación ambiental y sus impactos en la salud.

Más allá de la sentencia

La marcha del 4 de agosto hacia la Municipalidad de San Román fue un ejemplo de la paciencia que se agota. Encontraron puertas cerradas y un aparato estatal que parece siempre huir de sus responsabilidades. Pese a ello, el juez les aseguró que la sentencia se cumplirá. La pregunta que flota es inevitable: ¿cuándo?

El caso Coata revela una contradicción profunda: tenemos un fallo histórico, pero seguimos respirando el olor nauseabundo de los ríos contaminados. La justicia, en papel, ya se conquistó. Lo que falta es que esa justicia fluya como agua limpia por los ríos y lagos que hoy agonizan.

Una lección para el país

Coata no es solo Coata. Es el espejo de un Perú donde los derechos fundamentales salud, agua, ambiente sano quedan subordinados a la incapacidad y al desinterés estatal. El acompañamiento de organizaciones como DHUMA ha sido clave para que la voz de las comunidades no se pierda en el ruido burocrático. Sin ellas, la sentencia probablemente nunca hubiera llegado.

Hoy, el quechua de la cuenca Coata nos recuerdan que la lucha por el agua no es un asunto técnico ni judicial, sino un grito de dignidad. La justicia no puede quedarse en expedientes ni en declaraciones. O se convierte en obras concretas, o seguirá siendo una promesa rota.