Pobladores denuncian inacción del Estado frente a la contaminación atribuida a Minera Aruntani SAC y exigen transparencia sobre S/ 30 millones destinados a la remediación ambiental. La crisis ambiental y de salud se agrava más en estos últimos años.

Crisis de salud: 9 de cada 10 estudiantes presentan metales pesados en la sangre en Ocuviri.

La denuncia fue hecha pública por el director del colegio, Ronald Carlos Llanque Rodríguez, en una entrevista para Satel Perú, medio regional que desde hace años visibiliza la realidad que viven las comunidades afectadas por actividades extractivas mineras en Puno. Su testimonio es contundente: alrededor del 90 % de los niños y niñas del plantel tendrían metales pesados en la sangre. No se trata de cifras frías; se trata de cuerpos pequeños intoxicados, de infancias alteradas, de futuros amenazados.

Por años, los pobladores del distrito de Ocuviri, en la provincia de Lampa (Puno), han esperado que las promesas del Estado se traduzcan en acciones concretas para enfrentar la contaminación en la cuenca Jatun Ayllu y Llallimayo, atribuida a las operaciones de Minera Aruntani SAC. Sin embargo, según denuncian dirigentes y pobladores de la zona, la situación permanece prácticamente intacta, pese a la instalación de Mesas de Desarrollo impulsadas por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

La principal queja de la población es contundente: en más de una década no se ha ejecutado una sola acción efectiva de remediación ambiental, mientras las reuniones oficiales se acumulan sin resultados tangibles. “Las mesas se han convertido en espacios de dilación, no de solución”, afirman los representantes de la zona, quienes acusan a funcionarios de ambas entidades de postergar deliberadamente decisiones clave.

Sesiones postergadas y desconfianza creciente

Uno de los hechos que ha profundizado el malestar ciudadano es la postergación reiterada de las sesiones del Comité de Seguimiento para Ocuviri y Vilavila. En particular, la reunión programada para el 11 de diciembre fue suspendida sin que se haya fijado una nueva fecha, lo que, según los dirigentes, evidencia una falta de voluntad política para enfrentar un problema que afecta directamente la salud, el ambiente y los medios de vida de la población.

Los pobladores señalan directamente a coordinadores del MINEM y la PCM, entre ellos Esteban Vargas Peña, César Ulloa y Edson Ortega, como responsables de retrasar el avance de los compromisos asumidos. Para los pobladores, estas demoras no son hechos aislados, sino parte de una estrategia de desgaste que busca desactivar la presión social sin resolver el fondo del problema.

S/ 30 millones sin claridad

A la inacción se suma otra demanda clave: la transparencia total sobre el uso de los S/ 30 millones destinados a la remediación ambiental, fondos que deberían ser ejecutados a través de Activos Mineros SAC (AMSAC). Hasta el momento, sostienen los denunciantes, no existe información clara ni verificable sobre el destino real de estos recursos ni sobre el cronograma de intervención en la cuenca Jatun ayllu y Llallimayo.

“La contaminación sigue allí, pero el dinero no se ve reflejado en el territorio”, señalan los pobladores, quienes exigen auditorías, informes públicos y la participación directa de los pobladores en el seguimiento de cualquier acción de remediación.

Minera Aruntani descarga relaves sin tratar, envenenado a las cuencas Jatun Ayllu y Llallimayo

Recordar que, en mayo del presente año, se realizó inspección inopinada por el Congresista de la República, Carlos Zeballos en coordinación con el alcalde de la Municipalidad Provincial de Melgar, Rusell Nilver Mamani Hancco; el viceministro de Minas, Henry Luna; el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental; y los alcaldes distritales de Llalli, Cupi y Umachiri. También estuvieron presentes funcionarios del OEFA, ANA, la Defensoría del Pueblo y dirigentes del Frente de Defensa de la Cuenca del Llallimayo, además de representantes de las comunidades afectadas, como la Asociación de Propietarios Originarios de la Cuenca Jatun Ayllu, Afectados por la Contaminación Minera Aruntani.

En el lugar del vertimiento, especialistas de la Autoridad Nacional del Agua en presencia del Ministerio Público, OEFA y otras autoridades, realizaron el monitoreo del PH del agua. Los resultados evidenciaron una acidez extremadamente alta: el pH en el punto de vertimiento fue de 2.954, lo cual indica un nivel de acidez incompatible con cualquier forma de vida. En puntos cercanos se registraron valores de pH de 3.296 (aguas arriba) y 3.235 (aguas abajo), confirmando un impacto ambiental severo en el ecosistema del río Llallimayo.

Es un compromiso con la vida

Para Ocuviri, el problema trasciende lo administrativo. La contaminación de la cuenca Jatun Ayllu impacta en el agua, la ganadería y la salud de las familias, en una zona donde la economía depende directamente de la ganadería. Por ello, los dirigentes insisten en que no se trata solo de cumplir actas o realizar reuniones, sino de asumir un compromiso real con la vida y el territorio.

Hoy, el mensaje desde Ocuviri es claro y urgente: basta de postergaciones. La población exige acciones inmediatas, resultados verificables y responsabilidades claras. Mientras las promesas continúan acumulándose en documentos oficiales, la contaminación, denuncian, sigue marcando el día a día de una comunidad que ya no está dispuesta a esperar más.