Ante la denuncia por parte del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) contra la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides y sus asesores por integrar una presunta organización criminal, La Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero, alertamos que no existen garantías en los procesos de investigación por los casos de asesinatos y represión ocurridos en la ciudad de Juliaca, así como en Ilave y Juli en las protestas contra el actual régimen de Dina Boluarte.

La hipótesis de Eficcop apunta claramente que los miembros de esta organización criminal habrían influenciado ilícitamente en decisiones clave del Congreso de la República vinculadas a la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, a cambio de archivar investigaciones que involucran a los parlamentarios, también estaría el haber intervenido en la designación del Defensor del Pueblo Josué Gutiérrez, quien se encarga de presidir la comisión especial de selección de miembros de la JNJ y haber promovido la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos. Estos hechos de cooptación de instituciones claves del Estado peruano, evidencian que, desde el Ministerio Público en alianza con los partidos políticos tradicionales de la derecha y la izquierda, se promueve la impunidad en casos de violación de los derechos humanos y actos de corrupción. 

Es urgente que la Junta de Fiscales Supremos convoque inmediatamente a sesión y decida la destitución como Fiscal Suprema a Patricia Benavides, tal y como lo hicieron cuando decidieron respaldarla. Los antecedentes de la Fiscal de la Nación se evidencian en el control e instrumentalización desde el poder fiscal para favorecer a sus allegados, blindar a Congresistas seriamente cuestionados y permitir impunidad desde que asumió el cargo, y ahora es investigada como parte de una organización criminal y por tráfico de influencias. También urge la inmediata renuncia del actual Defensor del Pueblo y una investigación contra los Congresistas que fueron parte del plan del Ministerio Público.

Las investigaciones en la región Puno, como el caso de Juliaca ya ha pasado por manos de cinco fiscales, en una clara actitud de dilación en las carpetas fiscales, eso solo tiene un nombre, la búsqueda de impunidad de quienes ejecutaron, asesinaron a ciudadanos peruanos, de estas dilaciones es responsable directa la Sra. Patricia Benavides. 

Juliaca, 28 de noviembre de 2023

Asociación de Mártires Víctimas del 9 de Enero