El fiscal José Domingo Pérez manifestó públicamente que la justicia peruana está siendo utilizada para favorecer la impunidad en casos de corrupción y graves violaciones de derechos humanos. En una entrevista concedida al programa “Arusa” Nuestra Palabra en Pachamama Radio; Pérez explicó detalladamente cómo el fiscal interino de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, ha procedido al cierre sistemático de grupos especiales de fiscales que investigaban casos sensibles de corrupción política y las muertes ocurridas durante las protestas sociales del sur del país en los años 2022 y 2023.

Durante su participación en el programa “Arusa” Nuestra Palabra, fue enfático al señalar que "el cierre de estas fiscalías especializadas busca garantizar que los delitos graves queden sin castigo". El fiscal detalló cómo el representante de la Fiscalía de la Nación ha eliminado oficinas encargadas de investigar a políticos poderosos y abusos policiales y militares cometidos durante manifestaciones sociales, justificando estas decisiones con el argumento de supuestas demoras inexistentes en los procesos de investigación inicial.

Suspensión preventiva paraliza investigaciones clave

Pérez también reveló que ha sido suspendido preventivamente por la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, una medida que considera estratégica para impedir que continúe presentando acusaciones contra líderes de partidos políticos tradicionales. Esta sanción administrativa le impide ejercer sus funciones legales y continuar con las investigaciones en curso contra figuras políticas de alto perfil.

El fiscal mencionó que el partido político de Keiko Fujimori ha impulsado activamente leyes en el Congreso que blindan a las agrupaciones políticas de sanciones penales por actividades ilícitas, garantizando su permanencia en la vida pública nacional a pesar de las acusaciones en su contra.

Pérez también cuestionó la actuación del Tribunal Constitucional, que recientemente detuvo el juicio del caso Los Cócteles y anuló el trabajo realizado por jueces. Esta intervención, según explicó en el programa "Arusa" Nuestra Palabra, beneficia directamente a acusados con vínculos al poder político actual y representa un golpe a la democracia y a la lucha contra la corrupción en el país.

Presión política y ataques sistemáticos

Durante la entrevista, el fiscal describió el ambiente de intimidación que enfrentan los investigadores. Pérez ha sido blanco de ataques verbales constantes por parte de líderes políticos, advertencias públicas que buscan amedrentar a los fiscales y debilitar la independencia del sistema judicial en todo el territorio peruano.

"Estos ataques no son casuales, representan una presión sistemática para asustar a los investigadores y garantizar que los casos no avancen", explicó Pérez ante las cámaras de Pachamama Radio, mientras detallaba cada uno de los mecanismos utilizados para obstaculizar la justicia.

Llamado a la ciudadanía

Pérez concluyó su participación en el programa haciendo un llamado urgente a la ciudadanía para que permanezca vigilante ante estos intentos de captura del sistema de justicia. "Los ciudadanos deben seguir las noticias para proteger la democracia y evitar que grupos con intereses oscuros controlen las instituciones", advirtió el fiscal.

Finalmente, instó a la población a informarse adecuadamente para combatir el miedo y la desinformación que, según denunció, amenazan la transparencia de las próximas elecciones y el futuro democrático del país.