Expresamos nuestra más profunda indignación y rechazo frente a la decisión de la Comisión Permanente del Congreso de la República de archivar la denuncia constitucional contra de Dina Boluarte por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión de las protestas sociales de 2022 y 2023, en las que más de 50 personas perdieron la vida, muchas de ellas en la región de Puno y en otras regiones del sur andino del Perú.

Esta decisión constituye una muestra más del blindaje político que las fuerzas fujimoristas del Congreso vienen otorgando a quienes ejercen el poder al servicio del pacto mafioso, privilegiando intereses políticos antes que los derechos de las víctimas y las exigencias de justicia de la ciudadanía. 

Este nuevo archivamiento en favor Boluarte es un insulto a la memoria de los mártires y víctimas de las diferentes ciudades del país que fueron asesinas y heridas con el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado, a través de la fuerzas armadas y policiales, contra la población protestante y no protestante, dejándonos un claro mensaje de encubrimiento e impunidad total a favor de los asesinos del pueblo y de deslinde con la verdad, la justicia y los derechos humanos. 

Expresamos nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas, con los heridos, perseguidos y afectados por la represión, y con los pueblos del sur andino que continúan exigiendo justicia. 

¡No más impunidad para los asesinos del pueblo! ¡Verdad, justicia y reparación para las víctimas!

Puno, 04 de junio de 2026